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La Legislatura volvió a prorrogar la ley que frena procesos iniciados para desalojar a crianceros arraigados por generaciones en campos del secano. Tres décadas «emparchando».
CRIANCEROS. La producción caprina en campos naturales es la actividad principal de familias de puesteros que, por generaciones, vienen poblando distintos puntos de la geografía mendocina. FOTO / Revista Campo Andino & Agroindustria.
El Senado de Mendoza dio sanción definitiva a la ley que vuelve a prorrogar (ahora hasta el 31 de diciembre de 2024) «la suspensión de los procesos iniciados» que tenga por finalidad desalojar a puesteros que ocupan campos en el secano de la provincia.
La norma, que salió el martes pasado de la Cámara Alta con el número 9483, lo que hace es modificar el artículo 1° de la Ley 9297, sancionada por el Senado el 29 de diciembre de 2020. Esta última, a su vez, suspendía «hasta el 31 de diciembre de 2022 (…) todos los procesos judiciales y administrativos iniciados…» con el propósito de desplazar a crianceros que ocupan tierras cuya titularidad está en litigio.
El texto aprobado menciona a los «procesos iniciados», aunque elimina los conceptos: «judiciales y administrativos». No sabemos si esto tendrá alguna implicancia jurídica no deseada por el legislador, o si será irrelevante a esos efectos.
Aunque esta última consideración es de incumbencia de los abogados, no habría que descartar que, si quien redactó el texto fue la misma persona (lo cual es poco probable), se haya cansado de escribir doce (12) veces lo mismo, incluyendo la versión original, es decir, el texto de la ley madre.
Se mantiene, sí, el amplio alcance de la suspensión respecto de la marcha de esos procesos, porque dice: «cualquiera fuera su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia».
Bueno, todos los usamos. Pero apelamos a esta frase, que deliberadamente dejamos pasar del pensamiento al texto sin escalas, para llamar la atención acerca del tiempo transcurrido desde que empezaron a poner los primeros parches (a un problema que seguramente se remonta a más de un siglo), sin resolver el fondo de esta cuestión.
Es que, el proyecto de Ley que esta semana tuvo sanción definitiva de Senadores, llegó allí desde la Cámara Baja, adonde ingresó por iniciativa el diputado Emanuel Fugazzotto. El hombre debe andar más menos por los 30 años; y la acción legislativa en cuestión modifica, en definitiva, «el artículo 39 de la Ley 6.086» (de Arraigo de Puesteros, como se la conoce), que fue sancionada en noviembre de 1993.
Es decir que, si nuestra percepción no está errada respecto de la edad del autor de esta norma, claramente podríamos concluir que «la 6.086″ y Fugazzotto, vieron la luz al mismo tiempo.
Claramente, él tomó la posta que ha ido pasando de mano en mano (de otros legisladores), desde hace poco menos de tres décadas, para emparchar una ley que -se supone- debe haber sido dictada para resolver estas disputas. Bueno, suponemos… Porque tiene, al menos, 38 artículos más. El 39 dispone la suspensión de las acciones judiciales mencionadas.
Lo cierto es que la Ley 9483 (la sancionada el martes) viene a modificar el primer artículo (el único, porque el segundo es de forma) de la 9297, sancionada el 21 de diciembre del 2020; que modificó el artículo primero de la 9048, que a su vez…. La lista es extensa. Once leyes. Repito: once (11) leyes que constan de un artículo, para emparchar a la pobre 6.086 cuyos (por lo menos) 38 artículos restantes parecen haber quedado en el olvido… quizás por el poder de lobby de los reclamantes.
En realidad, el objeto último de aquella ley de 1993 era regularizar el dominio de tierras del secano semiárido y de la precordillera de Mendoza ocupadas por criadores de ganado, sobre todo caprino, y en menor medida bovino.
Son al menos tres o cuatro generaciones de pobladores cuya actividad es la ganadería extensiva sobre campos naturales, en distintos puntos del territorio provincial. Malargüe, en el extremo Sur de la provincia; San Rafael; San Carlos (en el Valle de Uco); Lavalle en el Norte; Santa Rosa y La Paz en el Este; y seguramente algunos pocos en otros Departamentos.
No todos están en tierras cuya situación dominial es irregular. Pero parece que son muchos; y en estas tres décadas (desde la sanción de aquella ley «de Arraigo de Puesteros», finalmente reglamentada dos años y medio después, en mayo de 1996), la cuestión de fondo no tuvo solución.
AGRESTE. En un paisaje indómito, los caprineros han creado una cultura que adquiere facetas diversas, condicionadas -en buena medida- por la geografía y el ambiente de cada lugar. FOTO / Revista Campo Andino & Agroindustria.
El famoso artículo 39 de esa añeja norma suspendía «por dos años» toda acción judicial cuya finalidad fuera «la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del estado o de particulares«, incorporados o que fueran a ser incorporados en el futuro al programa de regularización que preveía la propia ley.
En el fondo, y en pocas palabras, contemplaba que esos tenedores precarios (con los matices jurídicos que seguramente habrá, entre los centenares de casos en cuestión) fueran reconocidos como propietarios de la tierra, a través de un proceso de regularización de la situación dominial.
Es decir: legitimar jurídicamente la posesión y tenencia de esas tierras y sanear los títulos de propiedad que pudiesen acreditar sus actuales habitantes, como dice en su fundamentación el legislador que impulsó esta decimoprimera ley de las que siguieron a la original. Aunque reconoce que, en muchos casos, los pobladores carecen de títulos que acrediten su propiedad, aunque el hecho de la posesión, es innegable.
Lo cierto es que, algunos cientos de puesteros de Mendoza dedicados a la crianza de animales en campos naturales esperan desde hace décadas que las autoridades provinciales apliquen efectivamente la Ley de Arraigo, que los reconoce como propietarios y promueve el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias.
Parece que «uno de los impedimentos más acuciantes en la aplicación de la norma y que más inconvenientes generan es la labor de actualización catastral», señala el texto incluido en la fundamentación de esta iniciativa, ahora sancionada con fuerza de Ley (pero aún no promulgada por el Ejecutivo). Sería por la «falta de medios», y también por «la dispersión de transferencias de títulos o desaparición y aparición de titulares», que hacen muy lento el trabajo.
La figura del puestero del que estamos hablando no es equivalente a la del puestero empleado del propietario de un campo ganadero, como es frecuente ver en gran parte de la geografía argentina, incluida la provincia de Mendoza.
En el caso que nos ocupa, es gente que se ha instalado (y ha prolongado su permanencia, a través de las generaciones que le sucedieron) en tierras fiscales, o en otras que reclaman, como propias, otros particulares.
Sifredo Aguilera -con sus 66 años- está a mitad de camino, en el sentido que viene a ser el intergeneracional. El eslabón del medio de esa cadena familiar que vincula a sus hijos (que siguen sus pasos) con su padre que, con sus algo más de 90 años, es el referente e iniciador (hasta donde sabemos) de una familia de puesteros; de crianceros… de criadores de ganado en el extremo Sur de Mendoza.
El puesto de los Aguilera está situado unos 30 km al Sudoeste de la ciudad de Malargüe, en el paraje conocido como Arroyo Lonco-Che. Desde allí, mientras (dicho sea de paso) avanzan en el conteo de animales perdidos por las intensas tormentas de nieves que se abatieron sobre la zona, Don Sifredo lamenta que las autoridades no terminen de resolver el problema de la tenencia de la tierra, «que afecta a mucha gente de la zona».
En diálogo con Campo Andino, el criancero malargüino planteó: «Por lo menos que se extienda por más tiempo la suspensión de los procesos judiciales, que viene ampliándose por dos años, desde que salió la Ley de Arraigo». De esta manera, «cada vez que se está por vencer ese plazo empiezan a aparecer los que reclaman las tierras».
Sifredo Aguilera, asociado (y fundador) de la Cooperativa Agrícola Ganadera Las Vegas (cuyo Consejo de Administración lo tuvo como presidente en su oportunidad), viene bregando, en realidad, por «la plena vigencia de la Ley de Arraigo, de manera definitiva».
De hecho, en el transcurso de este sábado debía participar de una reunión en la Cámara empresaria de Malargüe, en cuyo transcurso se iba a tratar, entre otros asuntos «este problema, que afecta, no sé… pero le diría que a la mitad de Malargüe». Porque «unos vienen con juicios, otros aparecen nomás, y quieren desalojar a la gente», dijo Aguilera en diálogo con Campo Andino.
LEY DE ARRAIGO DE PUESTEROS TENENCIA DE LA TIERRA EN MENDOZA
