AGROINDUSTRIA
NORMATIVA
La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción definitiva a la derogación de la norma, que regía desde inicios de 2019. No fue útil para productores ni para industriales. Persiste el malestar por millonarias multas que aplicó la Provincia a numerosos establecimientos fabriles.
RECIÉN cuando la materia prima llega al establecimiento elaborador y pasa por la báscula es posible determinar con certeza el volumen (y las variedades, según la especie) involucrado en cada operación. Ese dato -al menos- plasmado en un acuerdo, no necesariamente se verá reflejado luego en la realidad. De modo que, obligar a formalizarlo en un contrato y -sobre todo- a registrar ese contrato, sólo sirvió para recaudar. FOTO / Revista Campo Andino & Agroindustria.
La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción definitiva a la derogación de la ley provincial 9133, que obligaba a registrar los contratos de compra-venta de materias primas agrícolas destinadas a procesos de industrialización.
Aquella norma, reglamentada a inicios de 2019, establecía que los contratos que tuvieran por objeto la compra-venta de productos de origen agrícola, cuyo uso o destino final fuera su entrega a establecimientos agroindustriales de la provincia de Mendoza, debían ser registrados obligatoriamente.
Según el ministro de Producción de la provincia andina, Rodolfo Vargas Arizu, el Poder Ejecutivo -a través de su Cartera- impulsó la derogación «con el objetivo de principal de proteger a los pequeños productores (un propósito al que, en teoría, apuntaba la norma ahora derogada) restableciendo la libertad contractual y garantizando la transparencia en las transacciones».
Según un reporte de Prensa del Gobierno provincial, el funcionario reveló que «cuando presentamos este proyecto (de derogación) contábamos con un total de 43.000 contratos registrados en los últimos cuatro años y solo 397 fueron infraccionados, todos por formalismos, sin denuncias por problemas de pago o entrega de mercadería».
El propio ministro admitió que esa ley implicaba más burocracia y una erogación de en concepto de sellados y demás gastos que se ha venido traduciendo en la «quita de fondos a la actividad privada». Destacó, de paso, la importancia de fortalecer las economías regionales con normas adecuadas que fomenten el desarrollo y crecimiento del sector.
EL RECHAZO a la ley ahora derogada cobró mayor fuerza hacia 2022 en el seno de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, por impulso de la Específica de Industria.
Sectores productivos y entidades gremial empresarias venían planteando que la norma entorpecía el comercio y dificultaba la toma de decisiones en un marco de incertidumbre, ya que, factores como el clima y las condiciones de mercado podían modificar sustancialmente la producción y los acuerdos previos, según se admite ahora desde el ámbito oficial.
El malestar creció a medida que comenzaban a llegar las multas a numerosas empresas industriales por incumplimiento de lo que establecía la 9133; y el rechazo a esa norma cobró mayor fuerza hacia 2022 en el seno de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear (por impulso de la Específica de Industria) para expandirse luego hacia otras zonas productivas de la provincia.
Muchas empresas pagaron la multa impuesta; en otros casos están corriendo los plazos administrativos y, en otros, el Estado provincial habría iniciado acciones judiciales contra establecimientos que en su momento no se ajustaron a lo establecido por la ley ahora derogada.
Aunque el reporte no da precisiones sobre los montos involucrados, algunas versiones (cuya veracidad no hemos podido verificar aún) dan cuenta de una cifra total que podría superar los $ 500 millones y otras que la elevan, inclusive, por encima de los $ 1.000 millones.
Lo cierto es que, al sobrecosto que -de por sí- ha implicado la gestión administrativa y el pago de impuesto a los sellos y otros tributos eventualmente asociados al registro de esos contratos, se suma el monto que cada empresa (de las que pagaron) haya erogado en concepto de multas.
Las que no pagaron (independientemente de que el requerimiento por parte del Estado provincial esté en proceso administrativo o judicial) estarían viendo obstaculizado su acceso al crédito, al menos (según trascendió) en las condiciones previstas a través de las herramientas financieras que dispone la Provincia para sectores productivos.
El informe recuerda que el espíritu de la ley ahora derogada, era «proteger a los pequeños productores mediante la obligación de registración (de los contratos), asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la producción».
Sin embargo -según el reporte oficial- «en la práctica, los resultados no fueron los esperados» . Menciona, en ese sentido, que «un ejemplo claro fueron las actividades vitivinícola y frutícola«.
En esos rubros, «los acuerdos definitivos no pueden cerrarse antes de contar con una aproximación certera sobre las cantidades de fruta y variedades disponibles» y «esta información solo se obtiene una vez que la materia prima ha sido cosechada y pesada en el establecimiento elaborador».
«Además, los precios relativos por variedad y zona se clarifican al finalizar la cosecha, cuando ya se conoce el stock resultante y las condiciones del mercado, lo que ha generado un desfase entre los precios acordados y los reales en el momento de la entrega», agrega.
En respuesta a los cuestionamientos de distintos sectores, la nueva ley determina que los establecimientos que reciban materias primas para su industrialización, acopio o transporte deberán entregar un recibo al productor detallando la cantidad, calidad, precio pactado y la forma de pago.
Además, el Ministerio de Producción será el encargado de reunir y difundir información clave sobre las actividades agropecuarias para garantizar la transparencia y facilitar la toma de decisiones, según consigna la información oficial.
La derogación de la Ley 9133 «marca un avance en la defensa de la libertad contractual y busca restaurar el equilibrio en las negociaciones entre productores y establecimientos receptores, adaptándose mejor a las realidades del sector productivo de Mendoza», cierra el reporte de Prensa del Gobierno de la Provincia.
DEROGACION LEY 9133 EN MENDOZA MATERIA PRIMA AGRÍCOLA CON DESTINO INDUSTRIAL
