Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional en materia económica no son las apropiadas para promover el desarrollo de nuestra producción ni para fomentar el ingreso de divisas al país.

Debemos considerar que más del 80% de las importaciones argentinas corresponden a insumos, tecnología, repuestos y materiales básicos no producidos en el territorio nacional ni con posibilidades de reemplazo.

Aumentar los derechos a los bienes que ingresan a la Argentina, sumado al retardo de los trámites para obtener autorización de importaciones y las dificultades para conseguir las divisas necesarias para pagar esas compras externas, demuestran fácilmente que es un conjunto de medidas que lo único que logran es trabar aún más la actividad productiva.

LA CULPA NO ES «DEL OTRO»

Es muy débil la excusa de tener que encuadrarnos en las metas que nos propone el Fondo Monetario Internacional, o que lo impone la falta de reservas de nuestro Banco Central.

Con respecto al FMI, él acudió a nuestro llamado. No a la inversa. Y, en segundo lugar, la falta de reservas se debe, a mi criterio, a que fueron mal manejadas.

Como ejemplo, el pago que se hizo por el 51% accionario que el Estado tomó de Repsol en YPF, nos deja en la puerta de pagar -por haber perdido el juicio- entre USD 5.000 millones y USD 16.000 millones.

La cotización bursátil de YPF al 26 de Julio 2023, era de USD 5.000 millones. Quiere decir que, sumando a lo que se pagó en su momento la menor cifra posible que determine ahora la Justicia de USA, habremos pagado un monto que se ubicará muy por encima del valor de la empresa.

Podríamos agregar el caso de Aerolíneas Argentinas, con pérdidas diarias que son millonarias, exceso de personal y sobredimensionada, también, en otras variables respecto de los parámetros internacionales con los cuales se mide el desempeño de las líneas aéreas. Éste es otro ejemplo que demuestra el pésimo manejo de los fondos públicos.

QUIÉN DEBE PAGAR EL DÉFICIT

Para compensar déficits no producidos por los privados, se recurre a los privados y a la ciudadanía en general para que asuman los costos. No creo que sea justo, ni que sea la solución.

Lo justo sería que el Estado nacional o los representantes del signo gobernante que cometió estos errores, asuma esos errores y proceda, al igual que se le reclama al sector privado, a practicar un ajuste puertas adentro, eliminando gastos demagógicos, sin privilegios de sectores vinculados al poder y obligando a la clase política a asumir sus equivocaciones vía el recorte de gastos totalmente innecesarios.

Como ejemplo, en Suecia, un país monárquico pero con una democracia consolidada, hay un solo auto oficial y lo utiliza el primer ministro. Ni los reyes tienen derecho al uso de vehículos estatales, mucho menos de choferes. Algo para copiar.

EL «DÓLAR AGRO» NO SUMA

Hablemos de las exportaciones, que son las que generan divisas genuinas para el país. Perduran las retenciones para algunos productos, y hay plazos perentorios para ingresar las divisas, en un mercado cambiario con un dólar real un 100% más caro que el valor que se le reconoce al exportador.

Se admite el problema, por eso se propone un «dólar agro», a $ 340= para ser aplicado hasta el 31 de agosto 2023. La pregunta entonces es: ¿Conocen quienes trabajaron en esta medida que muchas exportaciones, por lo menos las mendocinas, son cobradas en plazos de 90 a 180 días?

De ser así, ¿no se pensó que aquellos que embarcaron su producción en estos días -fines de julio- van a cobrar fuera del plazo de vigencia de este «beneficio»? Eso, sin contar todos los trámites y compromisos que se deben asumir para poder integrar a ese esquema, a las empresas potencialmente alcanzadas por la resolución.

SIN PLAN, NO HAY DESTINO

Se debe entender que todas estas medidas no son conducentes a buen destino. Agregan más confusión y falta de claridad. La única forma de alentar el crecimiento económico del país, es trazando un plan de desarrollo económico que contemple todos los elementos que la sociedad reclama.

Porque, por ejemplo, no podemos tener cerrada una fábrica por sindicatos que vulneran descaradamente el principio constitucional del derecho a trabajar; o impiden circular o que usemos medios de transporte públicos para cumplir nuestras tareas.

Va de suyo, por supuesto, que con el nivel de inflación con el que coexistimos es imposible planificar o tomar previsiones más allá de mañana. Tampoco se resiste la presión tributaria ni los costos de anticuadas leyes laborales, no salariales.

Entonces, es imprescindible un plan que ataque de raíz todos los problemas que tienen a mal traer a la Argentina desde hace décadas y donde solamente por un breve período, la inflación pudo ser controlada.

Si la dirigencia política pone énfasis en asumir su tremenda responsabilidad de acompañar el esfuerzo del sector privado, adecuando leyes a este avanzado siglo XXI, cobrando impuestos que vuelvan a quienes los pagan en forma de mejores prestaciones y, por sobre todo, anulando privilegios y respetando firmemente los principios constitucionales, estaremos en condiciones de decirles a nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) que pueden regresar del extranjero, pues Argentina volvió a ser el país que en algún momento hicieron nuestros prohombres. Incluyendo, por supuesto, al General Roca.

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