GESTIÓN
RELACIONES LABORALES
La iniciativa los ubica como el «nuevo sujeto empleador de los trabajadores temporarios» y que el productor sea «responsablemente solidario».
El abogado laboralista de San Juan Marcelo Giordano propuso que los cuadrilleros (quienes reúnen grupos de jornaleros para realizar -en «cuadrilla»- trabajos estacionales en explotaciones agrícolas) pasen a ser, formalmente, «el nuevo sujeto empleador» de trabajadores temporarios, aunque el productor sería solidariamente responsable ante eventuales incumplimientos.
Hoy, en realidad, no está exento de esa responsabilidad; y sigue expuesto a demandas judiciales por accidentes laborales o reclamos salariales y procedimientos administrativos que pueden derivar en sanciones pecuniarias y aún penales.
El tema fue expuesto por el profesional durante un encuentro organizado por el Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA junto con los Centros de Desarrollo Vitícola de Caucete y Media Agua y el Ministerio de la Producción de San Juan. La conferencia, difundida por plataformas virtuales el viernes último, estuvo centrada en los problemas y propuestas de solución en torno a la registración del trabajo agro-vitícola regional.
La relación laboral entre productores agrícolas, en general, y trabajadores contratados para realizar determinadas tareas en diversas producciones y en distintos momentos del ciclo productivo, es particularmente compleja; y en muchos casos se da en un marco de informalidad que no ha terminado de resolverse a través de los años.
Tantos, que -según lo que planteó el propio Giordano- «hay una transmisión intergeneracional del empleo informal y las contrataciones informales, reproducidas en los tres sujetos: productor-cuadrillero-trabajador».
De manera que, según él (este párrafo corre por nuestra cuenta) hay hijos de productores que siguen contratando gente en las mismas condiciones de informalidad que lo hicieron sus padres, e hijos de cuadrilleros que continúan reclutando jornaleros para (como lo hacían sus padres) llevarlos a trabajar en la mayoría de los casos fuera de su provincia y de su país inclusive.
Pero también hijos de trabajadores que, como ocurrió con sus padres, permanecen períodos relativamente breves en cada zona, y más breves aún en cada explotación agrícola, realizando tareas en producciones diversas. Todo esto, percibiendo el jornal o el «tanto», según la tarea y la modalidad de pago acordada, pero sin acceso a beneficios contemplados en un esquema de registración. El profesional sentenció que esto implica una «naturalización de la ausencia del derecho» y remarcó que es un ciclo que «hay que romper».
Aunque reconoció que, hoy en día, hay una «complejidad material» que impide al productor más chico y a algunos de los medianos, seguramente, «convertirse en empleador de trabajadores estacionales».
Señaló, entre otras dificultades, la escala de las explotaciones involucradas. Tomando datos del Observatorio de ACOVI (la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas), destacó que el 85% de los productores tienen menos de 20 hectáreas, pero más de la mitad (54%) no llegan a las 5 hectáreas de vid.
De manera que esas relaciones laborales irregulares se dan, mayormente, en explotaciones de pequeña dimensión, las que -por otra parte- no siempre están destinadas exclusivamente al cultivo de vid, lo que achica aún más la escala de cada una de las producciones.
Según la lectura del abogado Giordano, esto determina a su vez una alta rotación de trabajadores, que van pasando de una finca a otra (y de una producción a otra) porque ninguna de ellas puede ofrecerles períodos relativamente prolongados de trabajo. En opinión del profesional, es eso lo que determina «la negativa a la registración».
Si reconoce que el productor más chico se ve impedido, materialmente, de ser empleador de los trabajadores estacionales, debemos suponer que el expositor se refería a la negativa del cuadrillero a promover la registración de la gente «reclutada», o a la negativa del propio trabajador a ser registrado.
Si es al trabajador que se refería, cabría oponer a esta afirmación (para cotejar el peso específico de cada una), la lectura que vienen haciendo en los últimos quince años, por lo menos, productores y organizaciones que los representan.
En esos ámbitos se insiste en que la mayor parte de los trabajadores que realizan labores de temporada, se niega al registro por temor a perder los planes sociales. La verdad es que, ante las insistentes advertencias en ese sentido (desde el propio sector productivo), en su momento se garantizó expresamente la continuidad del subsidio que han venido otorgando sucesivos gobiernos a las familias rurales más vulnerables.
En este caso, retomando la liquidación de ese beneficio a partir del momento en que cesara el trabajo estacional. Pero, como terminaba haciéndose efectivo con una demora de por lo menos 60 días (con el «bache» de ingresos que eso suponía), no sirvió para llevar confianza al trabajador. Luego, incluso, se ensayó la opción de no interrumpirlo, aún durante la prestación del trabajo estacional.
En cualquier caso, hay consenso -al menos en el sector productivo- en que el «temor a perder el plan» (aunque fuera infundado) ha sido altamente determinante de la reticencia del trabajador temporario a «figurar en los libros».
Esto da lugar, de paso, a una reflexión. Mucha gente en situación de extrema vulnerabilidad, parece haber confiado -quizás siga confiando en ello, y seguramente no por su culpa – en que tendrá más chances de sobrevivir mientras, «en los libros», pueda seguir figurando como desempleado. El riesgo de esta premisa es que más de uno podría concluir que… «si trabajo, que sea para sumar; pero si tengo que aparecer en algún lado y para eso tengo que optar, prefiero el plan».
Ahora bien. Es cierto que para que haya un trabajador no registrado, tiene que haber alguien dispuesto dar trabajo en esas condiciones (aunque, como se admite, no está posibilitado de hacerlo de otra forma). Como tiene que haber alguien dispuesto a reunir una cuadrilla y llevarla a trabajar… en esas condiciones.
No deberíamos desconocer, asimismo, que este entramado de vínculos no deseados no sería posible sin un entorno económico, jurídico y político que lo favoreciera. Efectivamente, estamos ante un tema tremendamente complejo. Porque lo que ocurre en el ámbito del trabajo temporario en producciones extrapampeanas (que son las que más emplean mano de obra por ser las menos tecnificadas y las menos tecnificables, según el caso) es una pequeña muestra de la informalidad en la que se mueve no menos de la mitad de la economía argentina.
Entonces, quien quiera entrar en este tema, inevitablemente deberá “mojarse los pies”. Seguro que saldrá “salpicado”, y deberá aceptarlo. Como tendrá que admitir que, quien opine distinto, lo hará con la misma buena fe, por lo que no deberá cuestionarle sus “salpicaduras”. En cualquier caso, es necesario que se sumen los dispuestos a mojarse, porque hay mucho por hacer en esta materia.
Ahora, volvamos a la propuesta. El doctor Giordano cree que el cuadrillero, como empresario prestador de servicios agro-vitícola, al constituirse de manera formal en el nuevo sujeto empleador del trabajador temporario, puede por un lado “resolver los problemas de escala del productor primario” para formalizar a los jornaleros. Aunque aclaró que, en el esquema propuesto, el productor continuaría siendo “solidariamente responsable” por eventuales incumplimientos en perjuicio del trabajador.
Al mismo tiempo, las nuevas empresas de servicios facilitarían -en teoría e indirectamente- la “incorporación de tecnología” por parte de las explotaciones de menor escala y “aumentarían la oferta de servicios” orientados a “diversas producciones y ciclos”.
Desde la perspectiva del trabajador, este esquema debería favorecer “mayor estabilidad estacional” y “mayor duración de la estacionalidad”, al tiempo de “ofrecer una registración laboral superadora de los beneficios no contributivos”.
La iniciativa incluye la categorización del cuadrillero (devenido en empresario de servicios) como “sujeto de crédito y de políticas públicas”. Se supone que, de esta manera, debería ver allanado el camino ir armando su estructura, organizarse y equiparse para desempeñarse en su nuevo rol.
Es en este sentido que contribuiría a la tecnificación de las explotaciones de menor escala. Lo que habrá que ver, llegada la hora de la verdad, es si los cuadrilleros (o cuántos, en todo caso) estarán dispuestos a “transformarse”.
En realidad, ya están operando -no sólo en la viticultura, sino también en otros ámbitos de la producción agrícola regional- empresas de servicios que trabajan (con las particularidades de cada actividad) a la manera de los contratistas rurales de la Región Pampeana. Es decir, no bajo la tradicional figura del «contratista de viñas y frutales», sino como empresas independientes.
Esto, de paso, nos lleva a preguntarnos si lo que se propuso el viernes contemplará también algún tratamiento preferencial para esas empresas que ya operan en la Región (al frente de emprendedores locales, inclusive) dando trabajo en condiciones de cierta organización.
Lo cierto es que la iniciativa expuesta sobre el final de la semana fue planteada por el Dr. Giordano como un «intento de construir opinión» sobre este asunto. En realidad, hay opiniones. Es que, así como el problema no es nuevo, el estudio y el debate sobre posibles soluciones no empieza ahora. A lo largo de estos últimos años ha sido puesto reiteradamente sobre la mesa de discusión. Quizás sea necesario, sí, construir consensos.
La verdad es que este capítulo de las relaciones laborales en ningún momento quedó fuera de la agenda del sector productivo. De hecho, hubo una reunión durante la semana en la Cámara empresaria de San Rafael con autoridades de CONINAGRO (la Confederación Intercooperativa Agropecuaria), para tratar el tema.
Al final de esta conferencia virtual del viernes, el sanrafaelino Claudio Manrique, quien asistió a aquel encuentro en el Sur de Mendoza, comentó algún detalle de lo tratado. Adelantó que hay un par de opciones que probablemente irán ajustándose hasta confluir en una propuesta concreta.
Lo que parece claro, por otra parte, es que la iniciativa esbozada por el abogado Marcelo Giordano no supondría cambios en la normativa. Mientras que no está claro, al menos por el momento (aunque no habría que descartarlo) si las ideas que debate la dirigencia del sector productivo en el seno de sus organizaciones, contemplan modificaciones en el plano jurídico.
En cualquier caso, sabemos que en el sector privado prevalece el convencimiento que este problema no podrá resolverse sin modificar la legislación vigente.
Quienes estén interesados en presenciar la conferencia del viernes, pueden hacerlo ingresando al canal de YouTube del Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA. Compartimos el enlace.
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