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En un reporte interno, la Dirección Nacional del organismo advierte sobre el impacto negativo del régimen de retiro voluntario que dispuso el Gobierno argentino. Asegura que provocó la «afectación simultánea de capacidades científicas, tecnológicas, territoriales e institucionales». Propone acciones para salvar lo que queda del ente estatal -sometido a fuerte achique- e iniciar la «readecuación racional» de la organización.
TODOS. En los 15 Centros Regionales y los 6 Centros de Investigación del INTA se detectaron niveles de situación crítica, producto del retiro de personal y el desfinanciamiento. El trabajo que derivó en este informe, detectó 589 puntos con distinto grado de afectación (en investigaciones, servicios, convenios de vinculación tecnológica y otras actividades). Poco menos de la mitad de esos «registros de impacto» acusa «afectación significativa de actividad»; el 29%, «riesgo severo de continuidad»; y el 23%, «baja o discontinuidad total de actividad». FOTO / Revista Campo Andino & Agroindustria.
«El Régimen de Retiro Voluntario (RV) 2026 produjo una pérdida significativa de capacidades estratégicas del INTA» por «una disminución de la dotación de personal» que repercute en la «afectación simultánea de capacidades científicas, tecnológicas, territoriales e institucionales» .
Haber interrumpido esas capacidades (cuya reconstrucción «demandará años«) ya «compromete servicios críticos para el sector agropecuario argentino» de manera que el ente nacional -que sufrió la pérdida de «aproximadamente 1.800 agentes» en dos años y medio- «no perdió solamente personas; perdió capacidad para generar valor público» .
Con estas frases contundentes inicia el texto de un documento atribuido a la Dirección Nacional del propio ente estatal que fechado en «Julio 2026» llegó durante la última semana a la Redacción de Campo Andino.
Según trascendió de fuentes confiables, el reporte fue elaborado a solicitud del Consejo Directivo (CD) del INTA, que es el máximo órgano de conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina.
La actual conformación del CD -dicho sea de paso- se dio en el marco de un proceso impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional (apenas iniciada su gestión) que arrancó con la ruptura del modelo de gobernanza del organismo, y avanzó con un fuerte recorte de recursos humanos y financieros.
Así, con el propósito declarado de reducir erogaciones para equilibrar las cuentas del Estado (aunque no habría que descartar otras intenciones) el Ejecutivo sostiene una embestida contra -probablemente- la organización más federal del país.
La afirmación (de la cual nos hacemos cargo) no responde sólo al hecho verificable de su extendida presencia territorial, sino también -y particularmente- a la esencia del proceso de toma decisiones estratégicas en cada unidad.
Esto último se reflejaba (desconocemos su grado de afectación actual) en la activa participación que venía teniendo todo el entramado productivo-empresarial junto con el sistema académico-científico-tecnológico de cada región, en la definición de las agendas locales de investigación y desarrollo de tecnología aplicada; y de la «bajada» de todo ese conocimiento a los productores, a través de las agencias de Extensión.
Lo cierto es que, a raíz de este embate (del que no quedaron exentas otras áreas del Estado nacional), en poco más de dos años el INTA perdió unos 1.800 agentes. Muchos de ellos -con 10 a 20 años de experiencia- eran parte de la «generación estratégica y de relevo».
Esto afectó coordinaciones de área, estructura de referencias temáticas y liderazgos de grupos territoriales de extensión. Estamos hablando de profesionales con experiencia, con capacidad de coordinación, de conducción y con alta formación.
Eso, junto con un drástico recorte presupuestario (el INTA perdió más de la mitad de su crédito anual desde el 2023), implicó una fuerte restricción de capacidades que impide a 29 cadenas /economías regionales, el acceso al fruto de la investigación y el desarrollo innovador.
Esta situación -según expone el informe en cuestión- afecta a distintos sectores productivos vinculados con 102 unidades territoriales del INTA, repartidas en jurisdicciones de distintos Centros Regionales.
Ahora, en un documento de 22 páginas –más abalo dejamos un enlace para descargarlo– la Dirección Nacional desarrolla un «diagnóstico institucional» y «lineamientos para la recuperación de capacidades críticas» luego de analizar las «Capacidades estratégicas afectadas del INTA tras el Régimen de Retiro Voluntario 2026» un proceso que finalizó en junio de este año.
El paper advierte que un régimen de retiro voluntario en una institución pública «debería colaborar con una readecuación organizacional estratégica, preservando las capacidades críticas para eficientizar el aporte de la institución a la sociedad».
Pero, en este caso, «carece de una estrategia que lo oriente» y, «por priorizar el ahorro de costos corrientes, afectó significativamente capacidades críticas del organismo para responder al sector agropecuario, a empresas y productores, familias rurales y gobiernos locales».
En el informe, la Dirección Nacional del INTA revela que, producto del régimen de RV, “se retiró parte de la generación estratégica y de relevo” . Era personal “con una experiencia de 10 a 20 años” la mitad con estudios de postgrado,
Esto afectó -por ejemplo- coordinaciones de área y liderazgos de grupos territoriales de extensión; y provocó una ruptura en la cadena de transmisión de saberes entre generaciones de investigadores.
Al momento de ponderar el alcance de esta situación, se asegura que la afectación más relevante (hasta el punto de alcanzar niveles críticos) «se concentra en la investigación y el desarrollo, pero se replica institucionalmente y se acumula territorialmente» .
Entre los impactos negativos registrados, hay una considerable proporción de baja o discontinuidad total de actividades como en el caso de las «Líneas de Innovación» .
Este recorte de capacidades impide a 29 cadenas /economías regionales, el acceso al fruto de la investigación y el desarrollo innovador. Esto afecta a diversos sectores productivos vinculados con 102 unidades territoriales del INTA, repartidas en jurisdicciones de distintos Centros Regionales. (En el archivo que vas a descargar podrás ver el grado de impacto, por Región).
Como consecuencia de esto, además, «se desaprovecha capacidad instalada estratégica, que deja de estar al servicio del sector» apunta el documento. En muchos casos, «equipamiento de alta complejidad (…) quedó inoperable por falta de personal calificado» .
De manera que el retiro voluntario «no representó un ahorro eficiente -dice- sino la transformación de activos que generaban valor para el sector (productivo), en ociosos» .
Pone, asimismo, ejemplos de «vacancia absoluta» en algunos temas prioritarios, que «dependían de un único especialista». Así, «el RV resultó en discontinuidad definitiva de actividades estratégicas y prioritarias» como -por ejemplo- «Nanotecnología y nanovacunas» en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche.
En otro orden, el informe de la Dirección Nacional del INTA denuncia que «se incumplen acuerdos con externos y servicios de gestión de calidad» . Indica que «de los 93 convenios afectados, las empresas privadas muestran la mayor tasa de ruptura definitiva (26%)».
Menciona, por ejemplo, «casos como Crucianelli, LEAF o Don Mario» refiriéndose, respectivamente, al fabricante de maquinaria agrícola; a la desarrolladora de instrumentos para la agricultura de precisión y al obtentor se semillas.
Además, «se perdió el único nexo técnico ante el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU) y los servicios de auditoría de gestión de calidad para exportación (GLOBALG.A.P., FSSC 22000)».
Advierte que todo esto afecta severamente la credibilidad y reputación del INTA y pone en riesgo negocios internacionales para la Argentina.
«A partir de este diagnóstico -señala el texto- se proponen medidas inmediatas para preservar el rol económico, social y tecnológico del INTA: priorizar una estrategia de mediano plazo, generar estabilidad administrativa, certeza jurídica y presupuestaria» .
Junto con ello, «recuperar capacidades críticas mediante un plan de contingencia, y jerarquizar el capital humano remanente en todas sus áreas» .
Asegura que «la salida de esta situación crítica del INTA dependerá de la capacidad de avanzar comprometidamente en acciones de corto, mediano y largo plazo, renovando su proyecto institucional y preservando los valores que lo han convertido, durante siete décadas, en una de las organizaciones científico-tecnológicas más relevantes de la Argentina».
La Dirección Nacional del INTA entiende que el Régimen de Retiro Voluntario (RV) debe ser pensado como un proceso que busca una readecuación racional de la organización a un nuevo contexto.
De manera que debería perseguir un doble propósito: «garantizar condiciones beneficiosas y previsibles para los trabajadores que adhieren; y optimizar la estructura de la organización, afectando al mínimo su continuidad operativa y funcional» .
En el caso del INTA, como un organismo de Ciencia y Técnica, es central -dice- «preservar las capacidades de investigación, desarrollo, transferencia y extensión para poder garantizar un impacto positivo en lo tecnológico, económico, social y territorial, en el presente y para el futuro» .
Esto implica, también, preservar a los referentes como líderes de equipos, y a la cadena de transmisión de saberes hacia los cuadros técnicos más jóvenes.
Para dimensionar el impacto del RV finalizado en junio de 2026, la Dirección Nacional del INTA sugiere analizarlo «como un eslabón más de un proceso continuo de retracción de la estructura y funcionamiento del INTA» .
Porque «se suma a un programa de retiro voluntario previo de 2024, a una política restrictiva de ingresos y a la falta de reposición de vacantes por jubilaciones y renuncias».
Esta «reducción drástica» del capital humano (1.800 agentes en dos años y medio) se inscribe, además, en un escenario de restricción financiera que «impacta fuertemente en las capacidades de investigación, desarrollo, transferencia y extensión, así como en la formación, capacitación y reconocimiento salarial al mérito laboral» subraya el texto.
Advierte, por otra parte, que «en el INTA se consolidó una pérdida del 54,15% en su crédito anual entre los años 2023 y 2026 y del 41,14% de su ejecución presupuestaria entre 2023 y 2025» .
El informe aclara que esas cifras son resultado del análisis de las partidas presupuestarias de los últimos años, calculadas en pesos argentinos constantes de diciembre 2025 ajustadas por IPC-INDEC.
Indica, además, que el análisis del impacto que ha tenido la aplicación del Régimen de Retiro Voluntario, se nutrió del registro cuantitativo y perfil del personal adherido y el relevamiento cualitativo y cuantitativo de afectación institucional y en el sector agropecuario.
Luego de abundar en precisiones sobre cómo ha venido impactando este proceso, el reporte advierte que «la principal dificultad que enfrenta el INTA no radica únicamente en la reducción de personal o en las restricciones presupuestarias, sino en la pérdida de capacidades críticas para sostener su misión institucional» .
Señala entonces que «la recuperación de esas capacidades requiere una estrategia integral que combine planificación, previsibilidad, fortalecimiento del capital humano y reconstrucción de los vínculos con el sistema científico-tecnológico, el sector productivo y la sociedad».
Para ello, la Dirección Nacional del INTA propone una agenda de recuperación institucional que incluye seis propuestas de acción y lineamientos a futuro.
En primer lugar, restablecer una planificación estratégica institucional que permita asignar -de manera objetiva- prioridades nacionales y territoriales.
Además, garantizar previsibilidad presupuestaria y operativa, creando «condiciones mínimas de funcionamiento que permitan sostener las actividades de investigación, desarrollo, extensión y vinculación tecnológica».
Para esto, además de un «piso presupuestario» recomienda (entre otras acciones) «implementar mecanismos extraordinarios de financiamiento» y «priorizar el mantenimiento de los servicios tecnológicos que generan impacto productivo y recursos extrapresupuestarios para el propio Instituto».
En otro plano, pide «recuperar el capital científico-tecnológico e infraestructuras estratégicas«. Por ejemplo, priorizar la cobertura de vacancias en laboratorios, plataformas tecnológicas y servicios críticos.
Pero también el restablecimiento urgente de líneas donde se verificó «vacancia absoluta» para «evitar la desaparición definitiva de capacidades estratégicas»; y «normalizar la estructura de conducción mediante la cobertura por concurso de las posiciones directivas vacantes».
Insta asimismo a «reconstruir la transmisión de conocimientos y asegurar la formación de las próximas generaciones de investigadores, extensionistas y gestores» .
Esto implicaría (entre otras medidas) «fortalecer los sistemas de reconocimiento al desempeño, la innovación y la productividad institucional» y promover «promover una recomposición salarial (…) como condición indispensable para retener y atraer talentos» .
En otro orden, expone la necesidad de «recuperar el capital relacional y la confianza institucional» . Entre otras acciones recomendadas para alcanzar ese objetivo, sugiere convocar a toda organización pública o privada con convenios afectados, para redefinir su continuidad.
Además, «restablecer prioritariamente los servicios tecnológicos y de certificación cuya interrupción afecta la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial» .
Finalmente, enfatiza que, estando el INTA en estas condiciones, Argentina ve «comprometida su capacidad para responder a desafíos estratégicos vinculados con la producción, la seguridad alimentaria, el ambiente, la bioeconomía y el desarrollo federal».
Porque el país queda sin sustento científico-tecnológico para promover innovación, competitividad, sostenibilidad, desarrollo territorial y generación de bienes públicos para el sector agropecuario.
Apunta que «el desafío no consiste únicamente en recuperar capacidades perdidas» sino en lograr «un INTA más integrado, eficiente, innovador y orientado a resultados» .
Señala, además, que «construir capacidades institucionales lleva décadas; terminar de perderlas puede ocurrir en meses; y reconstruirlas exige planificación, inversión y decisión política».
Que la institución pueda seguir cumpliendo su misión estratégica al servicio del país «dependerá de las decisiones que se adopten en los próximos años y de la capacidad colectiva de transformar esta crisis en el punto de partida de una nueva etapa institucional, a la altura de los desafíos productivos, ambientales y sociales de La Argentina», cierra el documento.
Descargá aquí e Informe de Afectación del INTA por Régimen de Retiros Voluntarios.
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