ECONOMÍA & POLÍTICA
COYUNTURA
El «Caso Vicentín» disparó la reacción. Creen que drenará más recursos del Estado, y que la «opción pyme» no está entre las prioridades del Gobierno.
En los últimos días creció aceleradamente el malestar entre pequeños y medianos empresarios de varias provincias, por la falta de medidas de Gobierno (contundentes) que aseguren la continuidad de las 600.000 pymes de las cuales dependen 7 millones de empleos directos en todo el país.
La preocupación por las dificultades que ponen en jaque a las empresas ya había quedado planteada, desde hace algunas semanas, cuando referentes del agro, la industria, el comercio y los servicios de varias provincias, iniciaron una serie de «encuentros» a través de plataformas virtuales.
En efecto, según pudimos saber de fuentes confiables, pequeños y medianos empresarios de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan (no sabemos si de alguna otra provincia), han venido «conectándose» para trazar un estado de situación y buscar consensos a fin de plasmar, sobre el papel, algunas propuestas de políticas públicas proactivas, que frenen lo que se avizora como el derrumbe del complejo entramado socio-productivo sectorial.
Pero esa preocupación se transformó en marcado malestar, a partir del sorpresivo anuncio de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir el Grupo Vicentín, y de avanzar hacia la expropiación del conglomerado empresario santafesino.
La opción que propone esta pregunta es, en realidad, la frase que le pone título a un «paper» que habría estado circulando entre empresarios que vienen participando de estas convocatorias, y al que tuvo acceso Campo Andino en las últimas horas.
Aparte de considerar que el argumento de «conseguir la soberanía alimentaria» para tomar esa acción intervencionista es, cuanto menos, «infantil y superficial», el texto resume las consecuencias que han dejado decisiones como ésta: «Nunca una expropiación cumplió con sus objetivos. Jamás el Estado manejó eficientemente los activos expropiados»
Agrega: «Nunca logró, como administrador, bajar los precios al consumidor. Siempre la sociedad terminó pagando una fortuna en los tribunales. Sin hablar de la corrupción que rodea desde siempre y en todo el mundo la actuación comercial del Estado».
Cuestiona luego las «políticas económicas erráticas y desequilibradas de los últimos cuarenta años, basadas sólo en el crecimiento de los sectores de grandes intereses»; y apunta que cuando esas políticas fracasan «reaccionamos siempre con más gasto público, más impuestos, más tasa de interés y más asfixia financiera, porque el Estado se lleva todo el crédito».
A eso, le sigue «la expropiación o demonización de empresas o personas (…) y lo único que logramos es más pobreza». Apunta que «hemos pasado, en cuarenta años, del 3% al 40% de pobreza… y sólo por ahora».
El paper que circula en este incipiente (y aparente, al menos) movimiento pyme nacional, señala que «un camino nuevo sería discutir cómo resolvemos la deuda pyme para salvar a 600.000 empresas que facturan U$S 170.000 millones (el 42% del PBI) y generan 7.000.000 de empleos directos».
Es que «mientras trabaja al 30% de su capacidad instalada, el universo pyme se nos está muriendo» denuncia.
El informe revela que el conjunto de las pequeñas y medianas empresas argentinas tienen «una deuda de U$S 8.000 millones, de los cuales U$S 1.500 millones se deben a la AFIP, fruto de una carga tributaria injusta e impagable, y el resto, U$S6.500 millones, es deuda bancaria fruto de tasas anuales de interés del 90%, durante los últimos tres años».
«Sin embargo -expresa el documento al que accedimos- curiosamente no hablamos de eso sino de si el Estado debe asumir una deuda de U$S 1.500 millones por una empresa que factura U$S 4.000 millones y emplea a 1.300 personas».
Compara que «los mismos U$S1.500 millones que salvan 4.000 millones de facturación de Vicentín, en el caso de las pymes salvarían 40.000 millones ¡Diez veces más!».
Además, «en el caso Vicentín se defienden 1.300 empleos mientras que en el universo pyme, con la misma plata, se mantienen 1.700.000». Así, «seguir adelante con esta expropiación significará pagar más de U$S1.000.000 por empleado», pero «si ese mismo monto lo invertimos en el mundo pyme nos costará menos de U$S 1.000 por cada trabajador».
El escrito aclara que «preocupan los 1.300 empleados» pero «el punto está en que no se vislumbra la necesidad de una expropiación con esos costos, cuando la empresa está concursada, pagando sueldos y hay al menos dos serios candidatos negociando su compra».
EL texto subraya que «apostando a las pequeñas y medianas empresas estaríamos apuntalando verdaderamente a la soberanía alimentaria». Asegura que «las pymes alimenticias podrían volver a trabajar al 80% de su capacidad aumentando drásticamente la oferta de productos, combatiendo de manera accesoria la inflación».
Afirma, al mismo tiempo, que resolviendo el endeudamiento de las pymes «consolidaríamos el empleo, y con un poco más de financiamiento podríamos aumentar el número de trabajadores».
Destaca que «sólo con empleo empezaremos a resolver verdaderamente el problema alimentario de Argentina», que proviene de «la pobreza que generaron nuestros políticos, repitiendo fórmulas que ya no sirven». Resume que «Hay 600.000 pymes que aún están vivas y que pueden generar respuestas. A la pobreza, con empleo genuino; y al hambre, con producción eficiente».
MALESTAR EN PROVINCIAS QUIEBRA DE PYMES
